La Unión Comunal “Morro de Arica” y la de Juntas de Vecinos solicitaron durante la Comisión de Seguridad Pública del Senado -realizada en Arica- la creación de una Mesa Regional Territorial de Seguridad Urbana y Rural en materia de seguridad, entre las instituciones públicas, gubernamentales, comunales, legislativas, las policías y las organizaciones sociales con la finalidad de elaborar una “Política Regional de Seguridad Pública”.
La petición la hicieron los respectivos presidentes de ambas organizaciones, María Isabel Salazar y Héctor Espinoza, afirmando que es necesario que esta medida debe considerar los recursos, problemática y geografía de la región, descentralizando las decisiones y entregando atribuciones a las instituciones de la región para tener un mayor control de los problemas de seguridad pública
“Necesitamos además que haya un Estado de Excepción entre las 00 y 06 horas con especial atribución de los militares para el control y detención de personas como medida especial de una política regional bi-fronteriza” precisó la dirigente de la Unión Comunal Morro aseverando que la entrada y salida de los migrantes irregulares está afectando la calidad de vida de la población.
También pidió, a nombre de sus representados, la creación y financiamiento de un cuerpo de policía municipal para que realice patrullaje Preventivo 24/7 que se encargue del control de incivilidades en la comuna para que de esta forma Carabineros pueda dedicar el 100% al control de delitos; el desarrollo de una política de gestión para el desalojo de terrenos fiscales tomados, entre otras medidas.
El socio de la Unión Comunal Morro de Arica, Omar Vera que preside la Comisión de Seguridad Pública del Gobierno Regional del Coresoc dijo que necesitan que el proyecto de Infraestructura Crítica sea permanente porque “nos sentimos inseguros con la migración ilegal y como Arica ha crecido mucho se requiere mayor presencia policial en las comunas y los valles”.
Por su parte, el presidente de Juntas de Vecinos leyó un petitorio de la sociedad civil que afirma que “durante los últimos años, las dinámicas de la ciudad han cambiado, desde una pandemia que tuvo un control excesivo de los movimientos de la población hasta un proceso migratorio masivo que puso en jaque los actuales sistemas de control fronterizo”.
En este contexto, Espinoza, añadió que es importante señalar que “la transformación del delito ha dado cabida a una sensación de inseguridad generalizada en nuestra comuna debido a la alta presencia de delitos violentos acaecidos en nuestros barrios y la presencia de bandas delictuales de crimen organizado que operan en nuestro país”.
Por lo anteriormente descrito, el dirigente solicitó utilización de recursos públicos de la glosa 3 de la ley de presupuesto del sector público 2024 que permite a los municipios utilizarlos en iniciativas de prevención y seguridad ciudadana; agilizar el traspaso de dineros para responder de manera ágil y eficiente para las necesidades de la comunidad de manera rápida y eficiente; fortalecimiento de medidas persecutoras de delitos y celeridad en las leyes vinculadas a seguridad, entre otras medidas.
Precisó que como la dotación de Carabineros y de PDI no logran dar cabida a las múltiples demandas de la comunidad, dificultando los tiempos de respuesta, por lo que piden que sean apoyados de manera preventiva por personal militar en aquellas poblaciones con mayor cantidad de denuncias de delitos e incivilidades, por lo que se hace necesario cambiar la normativa vigente.
El senador José Miguel Durana, integrante de la Comisión de Seguridad manifestó que las peticiones de las Uniones Comunales son totalmente atendibles, considerando que un 7.3% de los ciudadanos de la región de Arica y Parinacota han sido víctimas de algún delito violento durante 2023, liderando el primer lugar del ranking nivel nacional, donde la media nacional es 5.6%.
La Comisión de Seguridad decidió oficiar a los ministerios involucrados en las diversas problemáticas planteadas ya que es el Ejecutivo el que tiene que dar respuestas concretas a la ciudadanía, como también se comprometió a revisar aquellas normativas que requieran agilizarse dentro el Poder Legislativo que dicen relación directa con la seguridad ciudadana.
